Los cambios en el enfoque de la política de catastro multipropósito han generado un proceso de planeación nacional, que implicaron la recomposición de los servicios, actividades y productos de las entidades públicas para responder a este reto. Con el objetivo de fortalecer las capacidades de las entidades territoriales para asumir la gestión catastral y para aprovechar la información catastral multipropósito en el diseño y ejecución de políticas públicas, las entidades nacionales han venido desarrollando un portafolio de servicios, para las diferentes etapas de ejecución de la política.​

Servicios:

Lineamientos: insumos jurídicos y técnicos para realizar procesos CMP

Capacitación: sesiones técnicas con actores territoriales

Asistencia Técnica: acompañamiento en implementación de procesos CMP

Formación: cursos académicos sobre elementos y procesos de CMP

Infraestructura para la gestión de información territorial: estándares, procesos tecnologías, etc.​

• Estructuración y financiamiento: Proyectos de inversión con el objetivo de generar insumos cartográficos y realizar levantamientos catastrales para la disposición de la información multipropósito.
• Levantamiento: Procesos contractuales de gestores y operadores, alistamiento de trabajo de campo y actividades de producción de insumos y levantamiento catastral.
• Mantenimiento: Prestación de servicio público catastral y procesos de actualización y conservación catastral.
• Usos de la información catastral: Utilización de la información catastral multipropósito por parte de las entidades territoriales para ordenamiento territorial, fortalecimiento fiscal, legalización y regularización de la propiedad y desarrollo sostenible.
• Habilitación catastral: Transversal a estos procesos, se desarrollan las habilitaciones catastrales de las entidades territoriales y esquemas asociativos territoriales que hayan tomado la decisión de convertirse en gestores.
• Inspección, vigilancia y control: Procesos realizados para garantizar y controlar la adecuada prestación del servicio público catastral, en los que se incluyen gestores, operadores catastrales, municipios, propietarios, ocupantes, tenedores o poseedores, titulares de derechos reales, o cualquiera que tenga cualquier relación fáctica o jurídica con un predio.​